Durante la Guerra Franco-India (1754-1763), los colonos americanos no solo mantuvieron, sino que intensificaron, una práctica ya habitual: el comercio con el enemigo. Lejos de ser una anomalía, se trató de un comportamiento sistemático y extendido, especialmente en los grandes puertos del noreste. Newport volvió a situarse a la cabeza, seguida de Nueva York y Filadelfia.
El caso de Rhode Island fue paradigmático. Su marcado individualismo político y económico llevó incluso a la destitución del gobernador Stephen Hopkins, acusado de haber implicado a la colonia en una guerra «extranjera», ajena a sus intereses. Para una parte sustancial de la población, el conflicto entre Inglaterra y Francia no justificaba ni sacrificios económicos ni sumisión política.
Rhode Island ignoró sin disimulo los embargos impuestos por la Corona y redobló su comercio con Francia. Sus barcos se convirtieron en una vía esencial de suministro para la Canadá francesa. En 1757, William Pitt recibió informes demoledores: los comerciantes de la colonia eran descritos como «contrabandistas sin ley» que abastecían de manera constante al enemigo.
Las órdenes reales para cortar este tráfico fracasaron una y otra vez. Los comerciantes recurrieron a banderas de tregua, a intermediarios y a puertos neutrales del Caribe. Monte Cristi, en la Española española, se consolidó como enclave clave para el comercio indirecto, demostrando hasta qué punto el entramado mercantil colonial era flexible y resistente a la autoridad imperial.
Banderas de tregua y corrupción colonial
El uso de banderas de tregua irritó especialmente a Londres. El sistema, concebido para el intercambio de prisioneros, fue pervertido hasta convertirse en un negocio lucrativo. Gobernadores como William Denny y Francis Bernard vendieron estos permisos con los nombres de los prisioneros en blanco.
Los prisioneros franceses, escasos y muy cotizados, eran adquiridos por comerciantes de Filadelfia y Nueva York a corsarios de Newport. El comercio alcanzó su punto álgido en 1759 y solo comenzó a declinar cuando la Marina Real pudo dedicar recursos suficientes a reprimirlo.
Más allá del contrabando, la guerra fue también una oportunidad económica para quienes supieron situarse cerca del poder. Como resumió el historiador Bridenbaugh, el corso y el comercio ilegal podían ser inciertos, pero los contratos gubernamentales ofrecían beneficios elevados y riesgos mínimos.
Firmas londinenses influyentes canalizaron contratos hacia corresponsales coloniales bien conectados. Nueva York fue designada centro logístico del esfuerzo bélico británico en Norteamérica, con grandes depósitos de armas y suministros. Esta concentración permitió a numerosos comerciantes enriquecerse como subcontratistas, siempre que contaran con las conexiones familiares adecuadas. Aun así, hacia 1761 la guerra había provocado una grave dislocación del comercio en todos los grandes puertos americanos.
Si el comercio fue un frente de resistencia, el reclutamiento lo fue aún más. Massachusetts se convirtió en el principal foco de oposición a la conscripción y a la disciplina militar británica. Las deserciones masivas y la resistencia abierta marcaron el desarrollo del conflicto.
Cuando Thomas Pownall asumió el cargo en 1757, intentó imponer una línea dura: envío de tropas sin permiso de la Asamblea, exigencia de aplicar estrictamente las leyes contra la deserción y amenazas de ocupación militar de Boston si no se aceptaba el acuartelamiento de tropas británicas.
Libertades coloniales frente al Ejército inglés
La reacción fue inmediata. La Asamblea y los magistrados de Boston prohibieron tanto el reclutamiento como el alojamiento de tropas en la ciudad. Frente a las advertencias del gobernador, la legislatura respondió que el verdadero peligro no era Francia, sino el propio Ejército inglés. Si las tropas marchaban sobre Massachusetts, serían resistidas por la fuerza.
La defensa de los derechos naturales apareció formulada con una claridad sorprendente. La Asamblea proclamó su disposición a resistir «hasta el último aliento» a un ejército invasor, incluso si éste actuaba en nombre del Rey.
El conflicto se agudizó cuando Lord Loudoun amenazó con imponer el acuartelamiento por la fuerza. Aunque finalmente se aceptó, Massachusetts dejó constancia de que lo hacía por decisión propia, no por imposición imperial.
La falta de voluntarios en 1758 llevó a recurrir a la conscripción generalizada. El resultado fue una oleada de disturbios, ataques a las partidas de reclutamiento y una resistencia pasiva basada en deserciones, desobediencia sistemática y simulación de enfermedad. El resentimiento se vio agravado por la presión fiscal y por métodos de reclutamiento brutales, como el alistamiento forzoso de hombres ebrios.
El vicegobernador Thomas Hutchinson organizó la persecución de desertores mediante una red de informadores, pero el fenómeno no pudo ser contenido.
Tras el fracaso de Ticonderoga, el general James Wolfe expresó sin ambages su desprecio hacia los milicianos coloniales, a quienes acusó de cobardía y deserción en masa. Otros oficiales subrayaron un rasgo estructural: el individualismo extremo de la milicia.
Con oficiales elegidos democráticamente y una noción de libertad profundamente arraigada, la obediencia jerárquica resultaba frágil. En este contexto surgieron incluso prácticas extremas, como el asesinato de oficiales que se negaban a cooperar con sus hombres.
Motines incluso tras la victoria
La resistencia no terminó con las victorias británicas. En 1759 y 1760, las milicias de Massachusetts se amotinaron reiteradamente y se negaron a servir más allá de la expiración de sus contratos. El general Jeffery Amherst intentó imponer disciplina al estilo europeo, sin éxito.
La Asamblea se negó a prorrogar el servicio, y algunos soldados llegaron a apoderarse de un barco para regresar a casa por su cuenta. La autoridad militar británica quedó gravemente erosionada.
A esta resistencia terrestre se sumó la deserción masiva de marineros, muchos de los cuales se integraron en la marina mercante dedicada al contrabando. Nueva York se convirtió en refugio de desertores, protegidos activamente por comerciantes locales. La respuesta británica —registros masivos y acuartelamientos forzosos— solo intensificó el resentimiento.
La quiebra del derecho internacional marítimo
Mientras tanto, Gran Bretaña provocaba un profundo malestar internacional al violar los principios del derecho marítimo. La norma aceptada —«los barcos libres hacen libres las mercancías»— permitía a los neutrales comerciar con países en guerra salvo en armamento. Durante la Guerra de los Siete Años, Londres abandonó este principio y volvió a la interdicción sistemática de naves neutrales.
Se trató de una regresión respecto a los avances impulsados por juristas como Hugo Grotius, apoyados en la tradición española de Francisco Suárez. El resultado fue la alienación de Holanda, España, Portugal, Suecia o Rusia y la reactivación del debate sobre la libertad de los mares.
Así, antes incluso de la ruptura política, el conflicto entre las colonias y la metrópoli ya era profundo. En tierra, en el comercio y en el mar, los colonos americanos desafiaron de forma sistemática la autoridad británica. La Guerra Franco-India no solo anticipó la Revolución: la hizo inevitable.
