Cuarenta y cinco años después de que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpiera en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el Gobierno desclasifica 153 «unidades documentales» relacionados con el 23F. Se trata de archivos que se han localizado en distintas administraciones y que incluyen principalmente informes oficiales, transcripciones de conversaciones y otros textos escritos de la época. Según Moncloa, no forman parte del sumario judicial original y no incluyen grabaciones sonoras.
A nadie se le escapa —PSOE y transparencia es un oxímoron— que la intención última es empezar a darle la puntilla a la Monarquía y, de paso, «desprestigiar» —acabar de desprestigiar— a un Felipe González cuyas declaraciones contra Sánchez en los últimos tiempos no iban a quedar impunes.
Y lo hacen porque pueden. Porque existe documentación suficiente, testimonios e historiadores solventes que desmontan la versión oficial y prueban que el 23F no fue otra cosa que una maniobra pactada por los líderes políticos, los servicios de Inteligencia y la Corona, utilizando al Ejército, ante la deplorable deriva de la Transición, fruto de una Constitución defectuosa.
Que las intenciones espurias del Gobierno sirvan, al menos, para que dejemos de soportar la versión mitologica alrededor del «golpe de Estado de Tejero» que todavía nos presenta en sus editoriales la prensa sistémica.
