El confinamiento de 2020 vulneró derechos fundamentales, y no hacía falta Tribunal Constitucional alguno que lo confirmase —hoy no haría, muestra de que es un órgano político sometido al presidente del gobierno—. Millones de españoles fueron privados de su libertad y de su sustento. Se cerraron negocios, se destruyeron empleos y se normalizó el control policial de la vida cotidiana.
Ahora se devuelven multas y se archivan sanciones, sí, pero es muy insuficiente: no hay indemnizaciones para las víctimas ni condenas para quienes atentaron contra la gente corriente con un virus por excusa. Los responsables políticos siguen indemnes, viviendo a nuestra costa. Sin unos juicios de Núremberg por el mayor atentado contra la dignidad del ser humano al que hemos asistido —y hemos sufrido—, no habrá justicia.
