Un escándalo tras otros durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez han producido una anestesia que lleva a recibir cada nuevo caso como parte del decorado de esta España, invivible por momentos, ante dos de los meses más duros de su historia reciente. En cambio, hasta un país acostumbrado a tolerar lo intolerable necesita la capacidad de reconocer un evento de especial gravedad.
A mes y medio de las elecciones, el informe de la UCO recoge contactos con narcotraficantes y el testimonio de un miembro de la trama de Leire Díez, es decir del PSOE, que pidió «eliminar» a Beatriz Biedma, la juez que investigaba al hermano del presidente. La persecución, grabada y documentada, incluye la petición de eliminarla, como figura en la declaración de una testigo.
Es inverosímil imaginar a Sánchez ajeno a las maniobras desplegadas para proteger a los suyos. La sensación de que su permanencia en la Moncloa justifica cualquier medio alcanza aquí su expresión más aterradora. A estas alturas, el 29 de noviembre, si las elecciones son medianamente limpias, se presenta como la última oportunidad de frenar a un gobierno con hambre totalitaria, contrapesado levemente por la acción heróica de unos pocos jueces, fiscales y policías buenos, señalados y amenazados por el poder.
