Hay un procedimiento político que no figura en los manuales y que, sin embargo, explica buena parte de lo que ocurre hoy a ambos lados del Atlántico. El método consiste en proclamar la victoria antes de haberla obtenido y confiar en que el electorado tarde lo suficiente en comprobarlo. Donald Trump no lo inventó —ningún poder ha renunciado nunca a administrar su propio relato—, pero lo ha depurado hasta convertirlo en escuela, mejorando a los de siempre. Y, como toda escuela que se precie, ya tiene alumnos aventajados en el bando contrario.
La clave no está en la psicología del personaje, sino en la estructura de incentivos del proceso democrático. En cualquier otro ámbito de la vida —el oficio, la empresa, la casa— el error se cobra pronto y lo paga quien lo comete: el empresario que se engaña sobre su mercado quiebra, el padre que se engaña sobre sus cuentas lo descubre a fin de mes. La escuela austriaca lleva un siglo describiendo ese mecanismo como lo que es, un sistema de comprobación continua que obliga a ajustar las creencias a los hechos. En el papel de votante, ese mecanismo desaparece. La distancia entre lo que uno cree y lo que uno paga por creerlo es tan grande que, durante un tiempo largo, creer lo que conviene sale gratis. Nadie sufre una pérdida inmediata y personal por dar por buena una victoria que no existe. De ahí que el elector disponga, en su condición de elector y sólo en ella, de un margen para habitar un mundo enteramente imaginario que no tendría ni un día en su condición de trabajador o de cabeza de familia. El político que entiende esto antes que sus rivales obtiene una ventaja considerable.
De Caracas a Nueva York
El 3 de enero de 2026, una operación estadounidense de apenas tres cuartos de hora sobre Caracas se saldó con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Washington la presentó como el fin del régimen. Nueve meses después, Delcy Rodríguez sigue al frente de la presidencia encargada, el aparato chavista continúa en su sitio, el petróleo venezolano ha pasado a manos privadas bajo supervisión americana y las finanzas del país se deciden fuera de él. La operación fue real; la liberación anunciada es otra cosa.
Con Irán ocurre algo parecido, sólo que a mayor escala y con factura europea. Las operaciones mayores empezaron el 28 de febrero. Desde entonces, la guerra se ha dado por ganada en público decenas de veces: en marzo, cuando Teherán seguía lanzando misiles; en abril, con un alto el fuego de dos semanas que no cerró nada; en los meses siguientes, cada vez que la negociación encallaba. Hoy, con el conflicto aún abierto y el estrecho de Ormuz convertido en variable de los mercados, la victoria declarada y el hecho comprobable llevan siete meses sin coincidir. El europeo que reposta no participa en esa discusión, pero la financia.
Lo interesante, en todo caso, no es que el método funcione para Trump, sino que haya dejado de ser suyo. En mayo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció haber cerrado por completo el agujero de 12.000 millones de dólares heredado de su antecesor sin recortar un solo servicio social. La afirmación, en lo formal, era cierta. En lo sustancial, el déficit no desapareció: cambió de domicilio y de fecha. Más de 4.000 millones llegaron en ayudas del Estado de Nueva York —es decir, de otros contribuyentes—, y otra parte sustancial se obtuvo aplazando aportaciones a los fondos de pensiones municipales hasta 2037, con lo que la obligación de hoy pasa a los neoyorquinos de dentro de una década. El análisis técnico fue unánime: un parche, no una solución. Dio igual. El vídeo del anuncio circuló, los partidarios lo celebraron y nadie que lo creyera pagó un precio inmediato por hacerlo. Es exactamente el mecanismo de Trump, aplicado a un público que se define a sí mismo por su rechazo a Trump.
La versión española
España practica la misma técnica con menos estruendo y más estadística. Aquí no hacen falta arcos de triunfo ni ceremonias en el jardín: basta con administrar el dato. La fórmula de que el país «va como un cohete» convive con una percepción doméstica que no la acompaña; los registros de afiliación se proclaman cada mes sin que el poder adquisitivo los confirme; los planes de vivienda se anuncian con una frecuencia inversamente proporcional a su efecto sobre el precio del metro cuadrado.
El episodio más revelador sigue siendo el apagón de abril de 2025, la mayor crisis eléctrica de Europa en dos décadas. Un año después, Gobierno, operador y compañías seguían repartiéndose reproches sin que nadie asumiera plenamente el coste. El relato se cerró mucho antes que el expediente. Ese desfase —el asunto se da por resuelto en el plano narrativo mientras permanece abierto en el real— es la versión española de la fábrica de victorias.
Conviene no confundir el diagnóstico con el pesimismo. Que el método sea común indica, sobre todo, que la clase política de Occidente ha encontrado una forma barata de prolongar su mandato sin modificar su rumbo. Cambiar la cara no cambia la política; declarar la victoria tampoco la produce. Pero el margen no es infinito. Las guerras que no terminan terminan notándose en el precio del combustible, los déficits aplazados vencen, las crisis que nadie asume vuelven a la factura de la luz. La realidad no es opcional: se cobra tarde, pero se cobra. Y cuando lo hace, la ventaja queda del lado de quienes no renunciaron a ella mientras duraba el espectáculo.
