Tras su entrada en vigor el 7 de octubre de 2022 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», impulsada por Irene Montero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó más de 1.200 reducciones de penas de agresores sexuales y alrededor de 120 excarcelaciones de condenados por delitos sexuales como resultado de la aplicación de la norma hasta mediados de 2023 (no se han publicado datos posteriores).
Ahora, el decreto de regularización de inmigrantes planteado por el Gobierno introduce una grieta preocupante en el sistema de control. Permite el acceso a la residencia mediante una simple declaración responsable de carecer de antecedentes penales, «cuando los países de origen no responden en el plazo de 30 días». Esto supone sustituir la verificación por la confianza ciega, algo difícilmente justificable en un Estado de Derecho.
Las advertencias de las fuerzas policiales son claras: no todos los países cuentan con registros fiables ni con interés real en colaborar, y existen precedentes claros de falsificaciones y de aprovechamiento del sistema por parte de redes criminales. A ello se suma el riesgo de un nuevo «efecto llamada», ampliamente constatado en procesos similares del pasado.
Renunciar a controles básicos con fines de «reemplazo étnico» o electorales es abrir la puerta a que la inseguridad y el crimen campen a sus anchas en España. Una vez más, el Estado contra la nación (o la Patria, o la gente corriente).
