Si la desconfianza hacia el poder es un pilar fundamental de la democracia, resulta extraño suspender esa cautela precisamente cuando se decide quién lo ejerce. Se fiscaliza el presupuesto —cuando lo hay—, se recurren las decisiones y se investigan los abusos. ¿Por qué concederle una excepción cuando se juega su continuidad?
El respeto al voto exige seguir su recorrido: quién elabora el censo y cómo, quién custodia las papeletas, cómo se cuentan y qué controles permiten detectar errores y malas prácticas. Su protección merece algo más sólido que la palabra de quienes aspiran a beneficiarse del resultado.
Lo razonable es dudar y disponer de medios para despejar las dudas. Descalificar a quien pregunta debilita la confianza que se dice defender. Cuanto mayor es el valor que concedamos al voto, menos dispuestos debemos estar a aceptar su custodia y recuento como un acto de fe.
