Uno de los mantras económicos de Occidente es el salario mínimo interprofesional. Su subida y, sobre todo, su establecimiento forzoso. Como política de control de precios, también es uno de los mayores problemas políticos. Los economistas y periodistas están generalmente de acuerdo en que todo buen ciudadano ha de apoyar el aumento del SMI. Es lo presentable en sociedad, según las normal del virtue signaling, aunque algunos sepan que así se verán reducidas las oportunidades de empleo para los trabajadores menos cualificados.
A pesar de los inevitables resultados negativos que provoca un salario mínimo impuesto de manera siempre arbitraria, la mayoría de los políticos y todos los sindicatos parecen decididos a participar en una actividad nociva para las familias y la prosperidad de todos. Los partidarios de un salario mínimo más alto señalan los beneficios directos y visibles para algunos trabajadores, aquellos que pueden encontrar un trabajo con un salario más alto o mantener su trabajo actual y lograr, por imposición legal, un aumento.
Ésa es la primera derivada. Todas las ocurrencias políticas, pensadas y expresadas en busca de votos, son biensonantes. Sólo hace falta observar con un poco de detenimiento. Son muchas las desventajas menos obvias de un salario mínimo interprofesional artificialmente alto, y son esos efectos negativos inevitables los que demuestran el carácter nocivo de una medida cargada de intenciones populistas.
Algunos economistas y la inmensa mayoría de quienes arriesgan su dinero para crear puestos de trabajo y bienes se oponen al salario mínimo y, de manera general, entienden las consecuencias de los salarios establecidos por un poder que nada tiene de omnímodo. Aunque es un producto casi natural de un mercado intervenido hasta el fondo como el occidental y, todavía más, el español, la ausencia de libertad mercantil no sostiene su imposición. Bien al contrario, si una medida crea distorsión y servidumbre, ésa es el SMI.
Diez razones que explican el carácter nocivo el salario mínimo interprofesional
1 Los salario mínimo interprofesional es arbitrario, nunca se basa en un análisis económico sólido. ¿Por qué, por ejemplo, 1.000 euros y no 5.000?
2 El salario mínimo impuesto por los burócratas favorece a las grandes empresas sobres las pequeñas: una multinacional podrá subir el sueldo de sus empleados peor remunerados mientras una empresa familiar seguramente tenga que despedir a alguno de sus trabajadores. Basta pasear por cualquier calle de cualquier ciudad español y observar qué comercios sobreviven.
3 La subida populista del SMI acerca el salario medio —aún más el mediano— al mínimo, arrastrando a la clase media a una depauperación acelerada.
4 Un salario mínimo nacional uniforme puede ser subóptimo en muchos lugares: nada tiene que ver el coste de la vida en Madrid y en Cáceres, por ejemplo.
5 El SMI, en un contexto de saqueo fiscal y de inflación elevada, contribuye al aumento de los precios y, en consecuencia, del coste de vida general, expulsando así de ciertos oficios a parte de la población. No es que, como dicen algunos, «los inmigrantes hacen trabajos que los españoles no quieren hacer», es que sencillamente los inmigrantes aceptan salarios que los españoles no pueden cobrar para llevar un modo de vida digno, ni hablar de tener una familia.
6 La imposición de un salario mínimo requiere costosos mecanismos de control y aplicación financiados por los contribuyentes.
7 Las leyes de salario mínimo discriminan a los trabajadores no cualificados a favor de los cualificados.
8 En la medida en que los salarios mínimos más altos dan lugar a menores beneficios para las empresas y a precios de venta, al por menor, más altos, es otra forma de saqueo legal por parte del Estado a las empresas, sobre todo a las pequeñas, y a los consumidores, es decir a todos.
9 El SMI impide que se celebre acuerdos laborales voluntarios, legales y mutuamente ventajosos entre los empleadores y los empleados.
10 Como todos los controles de precios por parte del gobierno, las leyes de salario mínimo distorsionan. Si se confía en que los burócratas impongan y hagan cumplir el salario mínimo para los trabajadores no calificados, lógicamente también se confiará en que esos mismos burócratas fijen todos los precios, salarios y tasas de interés de la economía.
Un precio controlado
Los controles de precios para toda la economía son indeseables, favorecen siempre a los más fuertes, que suelen ser el Estado y sus aliados, son propios de regímenes en los que la dignidad del ser humano no es respetada. Si eso no se duda, entonces también se debería estar de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional es igualmente repudiable.
Es aquí donde con frecuencia aparecen los argunmentos que defienden que un salario no es un precio. Es cierto que cuanto más difícil resulta encontrar trabajo, un sueldo tiene menos aspecto de precio a cambio de una dedicación, un talento o un esfuerzo. También lo es que el sustento de una persona o de una familia tiene implicaciones más profundas que el coste de un kilo de cualquier verdura. Resulta, en cambio, que el precio de las hortalizas es el salario del agricultor, y que lo será de manera más directa cuanto más libre sea el mercado.
Precisamente, desde el punto de vista de la dignidad y la prosperidad personal, familiar y nacional siempre será mejor ver a los trabajadores menos cualificados empleados con un salario producto del mercado que les permita obtener una valiosa experiencia laboral y formación profesional, que estar desempleados o subsidiados.
Buenismo aparte, conviene analizar los salarios con la misma frialdad, y con desconfianza cualquier promesa de quienes nos gobiernan. La realidad es tozuda: en nombre de la igualdad, la subida del SMI es inversamente proporcional al número de jovénes con familia y vivienda en propiedad.
