El problema de la vivienda, su escasez para una demanda creciente de manera artificial (España el país de Europa en el que más crece la población y, sin embargo, el que menos nacimientos registra), afecta a todos, aunque el impacto no es compartido de manera idéntica.
En los últimos años el asunto se ha convertido en una de las principales preocupaciones cada vez que se pregunta a la ciudadanía. El precio de compra, el de los alquileres, la falta de oferta, la abundancia de demanda o la ausencia de medidas para revertir la realidad son algunos de los argumentos más generalizados.
En medio del debate y tensión política, es interesante preguntarse cuántas viviendas tienen declaradas quienes toman decisiones en el Congreso de los Diputados, es decir que hacen las leyes. En este caso, algunos para llevarse el mérito de «ayudar a la clase obrera» y otros el de haber logrado que Maricarmen haya vuelto a su casa en el Retiro con una renta de 500 euros.
De los 350 diputados del Congreso, 348 cuentan con una declaración patrimonial publicada, contabilizando 1.199 inmuebles declarados (viviendas, plazas de garaje, fincas rústicas, etc.), que en total suman 596 son viviendas. Al analizar los datos más de cerca, 56 diputados no declaran ninguna vivienda, 145 declaran una, 79 declaran dos y 68 declaran tres o más. Es decir, 147 de los 348 diputados (un 42,2%) declaran dos o más viviendas a título personal, una situación cuatro veces más frecuente entre los diputados que en la generalidad de los españoles.
Al dirigir la mirada a los principales partidos, se observa que en el Partido Popular un 48,5% de sus diputados declara dos o más viviendas, seguido por el PSOE (un 41,7%), Vox (un 40,6%) y Sumar (un 26,9%).
En lo que atañe al resto de formaciones, llama de manera especial la atención el dato de Junts, ya que un 14,3% de sus diputados declara tres o más viviendas, mientras que el 57,1% declara una. Entre los legisladores de EH Bildu, el porcentaje de representantes con dos viviendas alcanza el 66,7%, es decir cuatro de seis herederos de ETA. Por su parte, en ERC, el 85,7% de sus diputados declara una vivienda y un 14,3% declara dos, mientras que en el PNV el 60% declara una y un 40%, dos.
Grandes tenedores en el Congreso
Si se desciende del porcentaje al nombre propio, el recuento se concentra en muy pocas manos. Quien más viviendas declara a título personal es la popular María de las Mercedes Cantalapiedra (Valladolid), con diecinueve, aunque conviene leer la letra pequeña: dieciséis llegan en un solo renglón de su declaración:«16 viviendas» en Serrada, municipio de poco más de mil habitantes, heredadas en 1990 y con cuota parcial de titularidad.
El segundo puesto admite menos matices. La socialista María Mercè Perea i Conillas (PSC, Barcelona) declara trece viviendas, y son trece viviendas y nada más: ni garajes, ni locales, ni fincas. Nueve de ellas (dos en Barcelona, tres en L’Hospitalet de Llobregat y cuatro en Castelldefels) figuran recibidas por donación en 2010 y en pleno dominio del cien por cien; las cuatro restantes son compras fechadas en 1983, 1998, 2020 y 2021, las dos últimas en la costa tarraconense. Detrás aparecen tres diputados del PP con ocho viviendas cada uno, Carlos Rojas (Granada), Javier Folch (Huesca) y Rosa Quintana (Ourense), y el de Vox José María Sánchez García (Alicante), con siete.
Suelo rural y ladrillo industrial
Cuando el recuento se amplía a todo tipo de inmuebles, el orden cambia por completo y el primer puesto lo ostenta Néstor Rego, único diputado del BNG, declara 58 bienes, el expediente más voluminoso de la Cámara. La cifra se explica sola: 54 son parcelas rústicas en Lugo, monte y cultivo recibidos en herencia en 2007 y en nuda propiedad, a las que acompañan tres viviendas lucenses del mismo lote y una casa en La Coruña de construcción propia. El nacionalista gallego es, en términos estrictos, el mayor propietario del Congreso, aunque su patrimonio sea el de un titular de monte gallego y no el de un casero urbano.
Le sigue el popular Manuel Cobo, con cincuenta inmuebles, y aquí el apellido explica el expediente. El diputado por Madrid, nacido en Ponferrada en 1956 y vicealcalde de Madrid con Ruiz-Gallardón entre 2003 y 2011, es hijo de Manuel Cobo Calleja, el promotor berciano que levantó en Fuenlabrada el polígono industrial que lleva su nombre y cuyas calles rotuló con topónimos leoneses. El padre murió en agosto de 2008, y 2008 es exactamente el año que consta en la declaración del hijo para un 12,48% de una «sociedad inmobiliaria familiar» con tres locales de oficinas, un local comercial, un local garaje, dos naves industriales, dos viviendas y ocho fincas rústicas en un polígono industrial de Madrid, más otro 12,5% de una sociedad de estaciones y arrendamientos. A ello se añaden cuatro fincas urbanas y trece rústicas en León, una casa en el mismo Bierzo y pisos en Madrid y Almería.
Tras él, su compañera de grupo María del Mar Sánchez Sierra, con 37 inmuebles, treinta de ellos también a través de sociedad; Javier Noriega (PP, Cantabria), con 35, nueve de los cuales son plazas de garaje; e Idoia Sagastizabal (PNV, Bizkaia), con 26, veinticinco de ellos parcelas rústicas vizcaínas en torno a un caserío. El patrón se repite: los grandes volúmenes del Congreso son suelo rural heredado y ladrillo industrial en sociedad, no pisos en alquiler.
Lo que no dicen las declaraciones
Conviene precisar qué mide el formulario del Congreso y qué no. No exige el valor de los bienes, de modo que una cuota del ocho por ciento de una casa de pueblo y un piso en el centro de Madrid pesan exactamente lo mismo en el recuento. Sólo recoge el patrimonio del parlamentario, no el del cónyuge, salvo los gananciales que cada uno decida incluir, de manera que declarar cero inmuebles no equivale a vivir de alquiler. Y buena parte de las declaraciones publicadas son de 2023 y no se han actualizado desde entonces. El retrato que ofrecen es, por tanto, un suelo mínimo: lo que hay, como poco.
Si se trata de señalar a los grandes tenedores, fondos o pymes «buitres», varios miembros del Congreso de los Diputados encajarían en las definiciones, con la particularidad de que sus señorías agravan, cuando no provocan, de manera radicalmente directa el problema, con más influencia que cualquier propietario ajeno a la redacción de las leyes que sufre.
