Aunque buena parte de la sociedad española no lo recuerde, durante décadas existió en nuestro país actividad terrorista más allá de la perpetrada por ETA. Concretamente, los españoles hemos padecido en nuestra reciente historia el terror de dieciséis organizaciones terroristas de extrema izquierda, con un balance de 120 muertos.

Puede ser que muchos de estos grupos hayan quedado eclipsados por la actividad de ETA, aunque algunos de ellos sembraron el terror hasta no hace demasiado tiempo.

Después de ETA, el grupo terrorista que más reguero de sangre ha dejado en sus años de actividad ha sido el GRAPO. Una organización terrorista de extrema izquierda fundada en el tardofranquismo, que perpetró sus primeros crímenes en los aledaños de la muerte de Francisco Franco.

Brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido), tal y como quedó acreditado judicialmente, esta banda abrió su historial sangriento el 2 de agosto de 1975, con el asesinato del guardia civil Casimiro Sánchez García, caído a tiros en el canódromo de Madrid, en un atentado en el que también resultó herido un compañero suyo.

Casi dos años más tarde, tuvo lugar la que probablemente fue la mayor acción de la banda terrorista: el secuestro del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, el 11 de diciembre de 1976. Un cautiverio al que el 24 de enero de 1977 sumaron el del teniente general y presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa. El 11 de febrero de 1977 ambos fueron liberados sanos y salvos en una operación de la Policía Nacional.

No poca menos conmoción causó el asesinato del general Andrés González de Suso, cuando salió de su casa del 4 de mayo de 1981 y se dirigió al vehículo oficial que le esperaba para llevarle al trabajo. No había ni cerrado la puerta cuando se le acercaron dos jóvenes con pistolas, pegándole uno de ellos un tiro en la cabeza.

Aunque tal vez, el atentado más sangriento del GRAPO fue el perpetrado en la cafetería California 47, dejando nueve muertos y 40 heridos. Este acto criminal causó tal conmoción que la banda terrorista se apresuró a desligarse del mismo.

Esta cafetería era lugar de encuentro habitual entre los afiliados del partido derechista Fuerza Nueva. Los terroristas del GRAPO, sedientos de sangre, buscaban cobrarse alguna víctima del partido liderado por Blas Piñar, probablemente también con el ánimo de buscar una reacción violenta por parte del partido neofranquista.

No menos conocido fue el secuestro del empresario Publio Cordón, en 1995. El empresario aragonés fue secuestrado cuando salía a correr en las inmediaciones de su casa. Es uno de los casos sin resolver más longevos de la historia de España y que, a día de hoy, sigue generando muchas dudas. Un secuestro por el que la familia llegó a pagar 400 millones de pesetas para nada.

La última víctima mortal del GRAPO fue Ana Isabel Herrero Izquierdo, asesinada en Zaragoza en el año 2006. Cuando se disponía a montar en el coche en compañía de su marido, tres terroristas les abordaron, con la intención de secuestrarles para pedir un rescate. La entrada de otro vehículo al aparcamiento desató los nervios de los terroristas, que comenzaron a disparar contra las víctimas.

En total, 84 víctimas que han caído en el más cruel de los olvidos. Como si fuesen víctimas de segunda. Probablemente eclipsadas todas ellas por el terrorismo de ETA, aunque a decir verdad tampoco es que se haya preservado demasiado la memoria de las casi 1.000 víctimas de la banda terrorista vasca.

En el caso del GRAPO y otros grupúsculos, no es que hayan caído en el olvido, sino que han sido objeto de una especie de blanqueamiento, llegando incluso a ser ensalzados como héroes de la libertad por el hecho de haber atentado contra personas que pueden encasillarse en lo que ellos consideraban «fuerzas opresoras» o elementos afectos al régimen.

Ocurre algo parecido con el asesinato de Carrero Blanco. Es cierto que la izquierda y sus terminales mediáticas jamás han mostrado un respeto escrupuloso por las víctimas de ETA en general, pero en el caso del famoso almirante directamente nos venden que la banda terrorista hizo un favor a la causa democrática. Es decir, que su asesinato no estuvo mal. O al menos no tan mal como otros. Porque para ellos parece que una vida humana vale más o menos dependiendo de las ideas o la profesión de la víctima

Algo parecido ocurre con el GRAPO. El hecho de que llevasen en sus siglas la palabra «antifascista» parece haberles otorgado una suerte de marchamo de valores democráticos.

Por otra parte, no deja de ser chocante que no merezcan atención las víctimas de un grupo terrorista que causó la última víctima mortal en el año 2006, en pleno siglo XXI, con nuestro actual sistema democrático más que consolidado. Es decir, la historia más reciente de España. Y no deja de ser llamativo que quienes quieren cubrir con el manto del olvido este pasado de sangre, sean los mismos que legislan continuamente sobre nuestra trágica Guerra Civil.

Una estrategia infame que ha provocado que buena parte de la sociedad no sepa quiénes son muchas de las víctimas de ETA. En el caso del GRAPO, la mayoría desconoce incluso su existencia. Sin ir más lejos, hace unos días salió de prisión Manuel Pérez Martínez, alías «camarada Arenas», uno de los dirigentes históricos de la banda terrorista. Una libertad que ha llegado tras más de dos décadas en prisión y que ha tenido una escasísima repercusión. Y no, no es que este «año de Franco» haya puesto sordina al asunto, es que directamente las víctimas del terrorismo, y concretamente las del GRAPO, han caído en el más cruel del olvido. Víctimas por partida doble: de la extrema izquierda y del extremo olvido.

Frente al poder magnético del olvido, debemos recordar cada vez que tengamos oportunidad que España ha sido uno de los países más golpeados por el terrorismo. Que fueron muchos los españoles que dieron su vida por defender la nación y la libertad. Españoles que hoy están viendo su pisoteada su memoria por la continua banalización del terrorismo y los pactos infames del partido del gobierno con los herederos y aliados de los terroristas.

Recordar sus nombres y mantener viva su memoria no es solo un deber ético y político, sino también una manera de prevenir que aquellos días oscuros vuelvan a tener lugar. Y el olvido, una afrenta que no podemos permitir.