Las sanciones contra Rusia a cuenta de la invasión de Ucrania han creado oportunidades para numerosos agentes que buscan explotar el conflicto actual en beneficio propio. Una instrumentalización por parte de individuos y empresas que se aprovecha, a su vez, del sentimiento popular antirruso y de la corrección política, que son las que, por otra parte, han motivado las sanciones, desatendiendo las obligaciones de derecho internacional y nacional en materia de derechos de propiedad.
La influencia de los comportamientos morales o inmorales de los agentes económicos y su impacto en otros —externalidades, en términos económicos—, no revisten especial novedad. Así lo recoge Adam Smith en La Riqueza de las Naciones (1776) y, más de sesenta años antes, Bernard de Mandeville también lo hizo en su famosa Fábula de las Abejas (1714). Esta fábula recoge una tesis tan sencilla como poderosa: los vicios privados, como el interés propio, la ambición o la avaricia, traen consigo beneficios para toda la sociedad.
Lo que sí resulta novedoso, en cambio, es el cambio de los factores en la fábula mandevilliana, que altera notablemente el producto. A saber, cuando los vicios públicos traen consigo beneficios privados. En otras palabras, que ciertos comportamientos —bajo el amparo o la aquiescencia de la ley— consagren criterios de moral pública bajo la que un puñado de personas o corporaciones llenan sus bolsillos, sin que la sociedad en su conjunto obtenga un rédito de semejante comportamiento. Es más, se puede llegar a ver gravemente perjudicada.
Las sanciones a Rusia son un buen ejemplo de este último fenómeno en Europa, pues su eficacia contra Rusia ha sido (como mínimo) ampliamente discutida mientras que el daño ocasionado (en forma de subida de precios, por citar algún caso) para los europeos ha sido más que considerable. Es por esto por lo que es especialmente hiriente que haya quienes se lucran con esta situación; y que éstos sean los mismos que tañen la campana de la corrección política y la superioridad moral, independientemente de quienes sean, bien países (como los Estados Unidos), bien privados, como los que señala este artículo.
La moral pública se convierte así en un instrumento eficacísimo para satisfacer el ánimo de lucro de unos pocos. Así lo constata, por ejemplo, la okupación en otoño de 2022 de la mansión del fundador de Yandex, Arkady Volozh, quien fue objeto de sanciones basadas en la afirmación de que Yandex, el principal motor de búsqueda de Rusia, censuraba en las búsquedas de noticias los artículos críticos con el gobierno ruso.
Los okupas justificaron su acción como protesta contra los presuntos vínculos de Volozh con el Kremlin, y los tribunales neerlandeses les dieron la razón en varias ocasiones. Se observa así una desatención del derecho de propiedad que ha caracterizado históricamente a Países Bajos como a la amplia mayoría de las democracias occidentales, como reconoció el propio abogado de los okupas para sorpresa de muchos. Y el de Volozh no es un caso aislado. En los últimos dos años, ha habido otros casos de ocupación de propiedades de rusos sancionados en Europa. En marzo de 2022, okupas que se identificaban como anarquistas fueron detenidos por la policía de Londres después de ocupar una de las propiedades de la familia del multimillonario ruso Oleg Deripaska, quien había sido sancionado por el Reino Unido poco antes.
Este asedio a los derechos de propiedad debe enmarcarse dentro de una batería más amplia de medidas sancionadoras que contravienen obligaciones de derecho internacional y la legislación nacional de los países que las aplican. Esta nueva legislación anti-rusa permite autorizar la eliminación de directivos rusos al frente de empresas en el mundo de los negocios, su expropiación en forma de venta de empresas sin una compensación válida, así como la confiscación de sus bienes personales.
Un ejemplo de estas medidas son la ley que adoptó Polonia en 2022 por la que autoriza la eliminación de personalidades rusas de la gestión empresarial, introduciendo el concepto de «gestión temporal» de las acciones de las empresas incluidas en la lista de sanciones polaca. Este método fue el empleado para la gestión temporal obligatoria de las acciones de Grupa Azoty —de las cuales el 19,8% son propiedad del empresario ruso Vyacheslav Kantor— o la impuesta a Novatek en octubre de 2022 o a PJSC Gazprom en noviembre de 2022.
Además, algunos países han lanzado la idea de otorgar grandes préstamos a Ucrania; ayudas que provendrían de los ingresos obtenidos a partir de los bienes rusos congelados. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los países occidentales han congelado aproximadamente 260.000 millones de euros en activos del Banco Central Ruso, y los Estados Unidos insisten en que es absolutamente necesario encontrar una forma de utilizar los ingresos futuros de estos activos para garantizar un préstamo que podría alcanzar los 50.000 millones de dólares.
Además de violar normativas nacionales e internacionales, y conducir a una peligrosa inseguridad jurídica por el precedente de arbitrariedad que representan, estas leyes también conducen a una desprotección penal —bajo presunción de culpabilidad— y son instrumentalizadas por parte de estafadores profesionales, quienes extorsionan a las víctimas de las sanciones.
Así le ha sucedido a Alisher Usmanov, uno de los accionistas del grupo metalúrgico Metalloinvest. Éste ha recibido la presión de un grupo de «activistas» dirigido por Andrei Ivanov, que intentaban conseguir dinero extra por un acuerdo de más de 15 años que ya había sido reconocido como legítimo en repetidas ocasiones. La extorsión ha sido patente, pues Ivanov ha enviado una larga lista de mensajes políticos y acusaciones económicas difamatorias contra Usmanov y Metalloinvest a las autoridades en Alemania, Estados Unidos y otros países, con la esperanza de presionar al multimillonario. El propio Ivanov llamó la atención de las autoridades alemanas del orden público, después de que la situación se trasladase al territorio de Francia, donde la AGRA (organización de «protección de derechos humanos» sin un solo abogado empleado), se sumó a estos ataques. Según los medios, el fundador de la ARGA, Sergei Jrabryj, es buscado en Rusia por un delito de estafa a gran escala.
Estos son sólo algunos de los ejemplos más sonados desde que se desató el conflicto en Ucrania. Ejemplos que dibujan un panorama que pone de manifiesto el imperio de la «moral pública» y la corrección política frente al imperio de la ley. Algo que se traduce en este caso en una creciente fragilidad del derecho a la propiedad privada, y la arbitrariedad con la que los gobiernos protegen o expolian este derecho.
Se trata de un peligroso precedente que conduce a un clima de inseguridad jurídica y a toda una serie de incentivos perversos como los descritos a cuenta de las sanciones de Occidente, que independientemente de su pertinencia o arreglo a derecho —dudoso en muchas ocasiones, como se ha descrito— han creado un espacio donde se violan las leyes internacionales y donde florecen los estafadores. Mandeville tenía razón: los vicios privados conducen a virtudes (o beneficios) públicos. Sin embargo, las falsas virtudes públicas también conducen, principalmente, a satisfacer vicios privados, lo que nos debería sugerir un principio de cautela general ante la capacidad de sanción moral por parte del Estado.
