Hay conceptos que, cuando entran en el escaparate de la opinión pública, empiezan a morir lentamente. No porque sean falsos, sino porque se vuelven omnipresentes, maleables, intercambiables. La palabra «polarización» es hoy uno de esos términos. Se invoca para explicar casi cualquier conflicto, para descalificar cualquier disidencia y, en el extremo, para vender embutidos. No hay peor destino para un concepto político que convertirse en una metáfora publicitaria.
En España, la obsesión reciente con la polarización dice menos sobre nuestra realidad social que sobre nuestra persistente inseguridad intelectual. Tendemos a interpretarnos a nosotros mismos con marcos ajenos, importados de contextos que no son los nuestros, como si nuestra experiencia histórica necesitara ser validada permanentemente por categorías foráneas. Hay en ello algo del viejo complejo hispánico: una dificultad crónica para mirarnos sin pedir permiso.
Américo Castro (1885-1972) —a quien conviene volver de vez en cuando— entendió que la historia española no se deja reducir a esquemas racionalistas, ni a doctrinas elevadas y sistemáticas. España ha sido, desde sus orígenes, un escenario de formas extremas de vivir: el místico entregado a Dios, el conquistador de nuevos mundos, el pícaro, el artista o el científico revolucionario, el ocioso, el vagabundo, el funcionario cortesano y el siervo del cortijo han emergido en nuestro suelo de forma paralela. No es casual que uno de nuestros dichos más certeros sea aquel de «o corte o cortijo»: o el centro del poder, o la retirada casi feudal; o la vida urbana al servicio de la autoridad, o la existencia aniquilada del campo reaccionario; o actor principal, o espectador impasible en la última butaca. No hay término medio confortable que nos valga.
Desde esta perspectiva, resulta cuando menos ingenuo escandalizarse porque España esté «polarizada». ¿Cuándo no lo ha estado? Nuestra forma de vida ha sido siempre pasional, expresiva, llevada al extremo. La moderación, entendida como estilo vital, nunca ha sido una de nuestras virtudes cardinales. Eso puede inquietar a sociedades más habituadas a la mesura y suavidad en las formas de la vida pública, pero no debería sorprendernos a nosotros.
De esta forma, la polarización no es, en sí misma, ni patológica ni peligrosa. La oposición de ideas, incluso su alejamiento, es constitutiva de cualquier sociedad plural. Ningún régimen político goza jamás de la aprobación unánime de toda la población. Puede haber polarización sin fractura, conflicto sin desintegración. De hecho, es posible —aunque suene paradójico— una cierta cohesión en la polarización, siempre que exista un suelo compartido de códigos culturales, marcos simbólicos y expectativas comunes. El problema comienza cuando confundimos «polarización» con «faccionalismo».
El faccionalismo no es una intensificación del desacuerdo; es un corte en el cemento social. Donde la polarización separa posiciones, el faccionalismo rompe el marco. Ya no se discute desde un lenguaje compartido, sino desde identidades cerradas que no reconocen legitimidad alguna fuera de sí mismas. No se trata de disentir, sino de excluir.
La pluralidad y la polarización parten de una premisa fundamental: no requieren la existencia de una naturaleza homogénea entre los individuos, sino el reconocimiento de un objeto público compartido. Cuando ese objeto se difumina o se pierde, comienza la destrucción del mundo común, un proceso en el que el faccionalismo desempeña un papel decisivo.
En este sentido, poner todo el foco en la polarización es intelectualmente torpe y políticamente funcional. Permite etiquetar como «polarizador» cualquier planteamiento que se salga del mainstream, neutralizarlo moralmente y, en último término, justificar su extirpación del debate público. El concepto deja de explicar y pasa a disciplinar. Se vacía de contenido reflexivo y se convierte en un arma de comunicación.
Aquí es donde el faccionalismo aparece como la verdadera amenaza. No porque implique conflicto, sino porque erosiona los vínculos básicos de confianza, pertenencia y destino compartido que permiten, por ejemplo, que el conflicto sea procesable. En un escenario de facciones, la política deja de ser competencia entre proyectos y pasa a ser una guerra fría entre comunidades que ya no se reconocen como parte de un mismo cuerpo cívico.
El profesor David Betz, en su inquietante ensayo Civil War Coming to the West (publicado en dos partes entre 2023 y 2025), advierte que la principal amenaza para la seguridad y prosperidad de Occidente no proviene de enemigos externos, sino de su propia inestabilidad interna: declive económico, empobrecimiento cultural y una élite pusilánime incapaz de articular un horizonte común. Las guerras civiles —nos recuerda Betz— no estallan solo por pobreza o desigualdad, sino por la combinación de expectativas frustradas, pérdida de legitimidad institucional y fractura identitaria persistente.
Desde esta óptica, el faccionalismo actúa menos como causa que como amplificador. Intensifica agravios, rigidiza identidades y convierte desacuerdos políticos en disputas existenciales. Uno de sus motores contemporáneos más visibles es la expansión de la política identitaria: una lógica en la que grupos definidos por rasgos étnicos, culturales, religiosos o sexuales promueven sus intereses de manera desvinculada del conjunto social. La reivindicación de identidades particulares no es en sí misma ilegítima, ni necesariamente disgregadora. El problema surge cuando estas identidades dejan de concebirse como dimensiones integrables en un espacio común y pasan a funcionar como categorías cerradas, portadoras de agravios innegociables y de una autoridad que excluye el disenso. Esta dinámica, alentada en gran medida por la denominada «izquierda woke», ha tendido a sustituir la política de integración por una lógica de segmentación permanente, en la que la diferencia deja de ser un activo que puede aportar enriquecimiento, un dato a gestionar, y se convierte en una frontera a preservar.
La paradoja es evidente: en nombre de la igualdad se reivindica una diversidad identitaria excluyente cargada de privilegios que se asumen como propia; en nombre del reconocimiento y del respeto a lo otro se destruye el lenguaje común. La polarización, en este contexto, deja de ser una expresión de vitalidad democrática y se convierte en un instrumento para identificar brechas, ensancharlas y, llegado el caso, quebrar definitivamente el cemento social.
España, con su historia de extremos, está particularmente expuesta a esta confusión. No porque esté condenada a la fractura, sino porque corre el riesgo de diagnosticar mal su propio malestar. No estamos ante un exceso de polarización, sino ante un avance silencioso del faccionalismo —basta observar la situación actual del Reino Unido o de Francia—. Y contra eso no bastan llamamientos a la moderación ni a la despolitización, sino algo mucho más exigente: la reconstrucción de un marco común que permita volver a la conversación y al disenso sin dejar de reconocernos.
Tal vez, después de todo, el problema no sea que estemos demasiado enfrentados, sino que de tanto hablar de identidades y del otro, hayamos permitido que una fascinación étnica y fragmentaria lo invada todo, borrando lo que somos, alejándonos de nosotros mismos y erosionando la tradición de la que venimos.
