Con 14 años en España no se puede beber alcohol ni fumar. Tampoco comprar un vapeador ni tatuarse el cuerpo sin el consentimiento de los padres. Con 14 años no se puede trabajar ni conducir un vehículo. Tampoco casarse. No se puede abrir una cuenta bancaria ni entrar en una discoteca ni apostar un euro en la lotería.
El Estado entiende que a esa edad no hay madurez suficiente para muchas cosas. Sin embargo, el mismo Estado acaba de decidir que a los 14 años sí se puede tener relaciones sexuales. Es más: que se debe facilitar. La ministra Mónica García ha anunciado que el Gobierno repartirá preservativos gratis a los menores a partir de esa edad. «Gratuidad», en estos casos, significa que los condones serán costeados por todos los contribuyentes.
La contradicción es evidente: un adolescente que no puede firmar un contrato ni comprar un medicamento sin receta, sí estaría preparado para asumir la actividad más íntima y trascendente de la vida humana. Para conducir no, para el sexo sí. Para entrar en una discoteca no, para trivializar la sexualidad, adelante. La Ministra quiere para nuestros hijos lo que ninguna madre desearía para los suyos.
El gesto político no es inocuo. La medida presenta el sexo como un consumo más, despojado de responsabilidad y de sentido profundo. Reduce la educación afectiva a repartir condones en un instituto. El Gobierno proclama proteger a los jóvenes, pero en realidad los lanza a la intemperie de sus impulsos, colaborando no con las familias sino, precisamente, con quienes buscan destruirlas.
