Cuando la opinión publicada, al dictado de los partidos políticos, comenzó a vender las bondades del Estado de las Autonomías, entre aquéllas de las que se beneficiarían más españoles destacaban la democratización territorial de las oportunidades. Con el nuevo sistema ya no haría falta emigrar a Madrid para estudiar y trabajar. Habría de todo para todos en cada región de España.
Cuatro décadas de experimento han demostrado que, en nombre de la diversidad y las realidades nacionales, España nunca ha sido más centralista que ahora. Nunca antes, ni con Franco ni con los reyes godos, fue tan difícil encontrar trabajo fuera de Madrid. Salvo escasas excepciones, sólo en la capital es posible encontrar salarios que permitan cubrir impuestos y alquiler.
El Estado de las Autonomías ha llevado la Administración a cada rincón de España, sí, y con ella la represión fiscal y la hiperpoliticación. Ni industria ni tejido empresarial. Mientras la mayoría de las provincias pierden población, aunque crezca la de su capital, Madrid recibe decenas de miles de nuevos habitantes —y de «nuevos españoles»— cada año.
La España del 78, la de la descentralización política, es en realidad la del más atroz centralismo laboral, donde sólo los políticos y los funcionarios pueden aspirar a una vida próspera fuera de la capital.
