Hace unos años, en 2016, se aprobó por unanimidad en la Comunidad de Madrid la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia, más conocida como la “Ley Cifuentes”. Desde Podemos al PP votaron a favor del mencionado texto legal. Hasta la llegada de VOX a las instituciones nadie puso en cuestión el texto legal que es objeto de este artículo.

El texto, aunque en su momento tuvo un abrumador apoyo político y mediático, contiene preceptos que atentan contra principios básicos del Estado de Derecho. El texto es un aberrante engendro jurídico, un atentado contra las libertades individuales desde el primer párrafo hasta el último.

Hace pocos días se filtró a través de un medio digital la noticia de que Díaz Ayuso no tiene ninguna intención de tocar el mencionado texto, obviando así las exigencias de VOX. Dado que el tema vuelve a la actualidad, voy a aprovechar este artículo para desgranar los aspectos más descabellados de dicha ley y explicar por qué es necesaria su derogación.

Tras las elecciones madrileñas del 4M, rápidamente salieron en tromba los voceros de la progresía a alertar del peligro que supone la ultraderecha para los derechos LGTBI. Y rápidamente salió también el centro centrado a dejar claro que no había nada de lo que preocuparse.

Nada que ver con la igualdad

En primer lugar, el simple hecho de hablar de “derechos LGTBI” ya es escandaloso, pues desde 1978 todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos con independencia de nuestro sexo, religión u orientación sexual. Pero, aun dando por bueno el término, realizo varias preguntas: ¿Qué derechos otorga esta ley a las personas homosexuales? ¿Qué derechos nuevos adquieren con esta norma las personas homosexuales que antes no tenían? ¿Están diciendo que hasta 2016 las personas homosexuales en la Comunidad de Madrid carecían de derechos o tenían otros distintos a las personas heterosexuales? Efectivamente la ley no otorga ningún derecho; otorga privilegios.

Lo que hace esta ley es poner a las personas homosexuales en una esfera legal superior a los demás individuos, consiguiendo así que haya ciudadanos de primera y de segunda.

Empezaré señalando el asalto que permite esta norma a los medios de comunicación por parte del poder político.  Según el artículo 12 de la ley, el gobierno madrileño fomentará en los medios de comunicación de titularidad autonómica las ideas contenidas en la ley, haciendo lo propio también en todos aquellos medios que reciban subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública.

Además, en el segundo párrafo del artículo 12, se dispone que los medios deberán contar con códigos deontológicos acordes con la doctrina de la norma. ¿Por qué tiene el poder político que imponer códigos deontológicos a los medios de comunicación? Sin duda, una nueva forma de censura que supone un atropello intolerable contra el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución.

Pero, sin duda, uno de los puntos más escandalosos de esta ley es la inversión de la carga de la prueba, recogido en el artículo 66.1 del texto: el que sea acusado por homofobia tendrá que demostrar que la acusación es falsa. Es decir, será culpable mientras el acusado no demuestre lo contrario, justo al revés de lo que ocurre en un procedimiento judicial ordinario. Un verdadero golpe a un derecho fundamental como es la presunción de inocencia.

Esta ley es, además, un ataque frontal contra la libertad educativa, pilar básico de una democracia liberal. Nuestra Constitución, en su artículo 27, garantiza la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Así, el artículo 27.3 establece que los poderes públicos deberán garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo a sus valores morales y religiosos. Este principio constitucional es radicalmente contrario al espíritu de la ley madrileña, que en su artículo 29 establece que las normas contenidas en dicho texto legal serán de aplicación obligatoria en todos los niveles académicos. Para colmo, los planes educativos contarán, según está señalado expresamente en la ley, con la participación de las asociaciones LGTBI.

Una vez señalado esto, voy a poner un ejemplo: imaginemos el caso de un matrimonio que se rige por valores conservadores y no puede permitirse llevar a sus hijos a un colegio católico, ¿por qué tienen que aguantar que sus hijos sean educados conforme a los criterios de COGAM o Arcópoli?

Pero, dejando el derecho a la libertad educativa, el simple hecho de intentar imponer por ley una doctrina concreta y utilizar la educación como instrumento para ello es algo más propio de regímenes totalitarios que de una democracia liberal como es España.

Garante del pensamiento único

Como he comentado al principio, la ley es una aberración jurídica de principio a fin. Especial mención merece el rosario de sanciones con las que se pretende perseguir a los individuos que discrepen de la doctrina de las asociaciones LGTBI.

Según el texto legal, cualquier comentario o expresión que se considere ofensivo para las personas homosexuales, podrá ser sancionado con una multa, aunque ello no sea delito de acuerdo con el Código Penal. Así viene recogido en el artículo 69.1 de la norma.

Las sanciones serán impuestas por la administración que sea competente en cada caso. Concretamente, “por la persona que ostente la titularidad de la Secretaría General competente en materia de no discriminación de personas LGTBI” (sic). También podrá imponer la sanción, si lo considera oportuno, la Consejería competente. Es decir, el poder político podrá imponer una multa cuando considere que un comentario es ofensivo para las personas homosexuales. Todo ello al margen de los tribunales y sin ningún tipo de garantías, dependiendo la decisión de un enorme grado de subjetivismo que genera una gran inseguridad jurídica.

Según la ley, las infracciones leves serían sancionadas con multas de 200 a 3.000 euros; las graves, de 3.001 a 20.000 euros; mientras que en el caso de las muy graves las sanciones llegan hasta 45.000 euros. Además, el mencionado texto legal impone las siguientes medidas accesorias: prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta tres años; inhabilitación temporal por un período de hasta tres años para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a las prestación de servicios públicos; prohibición de contratar con la Administración, sus organismos autónomos o entes públicos por un período de hasta tres años.

Un caso que puso de manifiesto el carácter liberticida de esta ley fue el de Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Tras la aprobación de la ley, Martínez envió una carta a los padres de los alumnos donde criticaba la ideología de género. Ante este suceso, la Consejería de Políticas Sociales y Familia decidió imponer al director una multa de 1.000 euros por el contenido de la carta. Finalmente, el director recurrió la multa ante la jurisdicción correspondiente, anulando el juzgado contencioso-administrativo nº 10 de Madrid la sanción.

Este hecho, que fue silenciado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación y muy aplaudido por la progresía, supone un antecedente peligrosísimo en nuestra democracia. A fin de cuentas, se multó a un ciudadano por dar una opinión distinta a la doctrina defendida por las asociaciones LGTBI, violando así su derecho a la libertad ideológica y de expresión.

Este tipo de procedimientos inquisitoriales y la persecución del discrepante recuerdan a épocas pasadas, muy criticadas por la izquierda. Por eso mismo, no deja de ser llamativo que la censura haya vuelto a España de la mano de aquellos que se autoproclaman adalides de la libertad.

Ante todo, una norma innecesaria

Por último, es una ley totalmente innecesaria. No hace falta una norma concreta para combatir la discriminación, pues la igualdad en España existe desde 1978, como establece el artículo 14 de nuestra Constitución.

Además, los llamados “delitos de odio” ya están tipificados en el Código Penal, concretamente en el artículo 510. Es decir, si finalmente esa ley se deroga, al día siguiente un homosexual que sea discriminado por su orientación sexual podrá ir a denunciar a la comisaría o al juzgado que corresponda sin ningún tipo de problema. Como cualquier ciudadano normal.

Creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de los españoles están dispuestos a combatir cualquier situación injusta, rechazando todo tipo de discriminación a las personas homosexuales. Pero, dicho esto, es necesario defender también que la protección de las personas discriminadas no puede ser a costa de atropellar los derechos fundamentales de los demás individuos.

Si realmente Ayuso ha decidido dar la batalla cultural frente a la izquierda, tiene la obligación moral de derogar esta ley. Si no lo hace, demostrará que ha claudicado ante la dictadura de lo políticamente correcto. La libertad no es sólo poder ir a tomar una caña sin restricciones absurdas, también lo es poder dar tu opinión libremente sin que por ello te pongan una multa.

En la pasada legislatura, Díaz Ayuso podía escudarse en que sus socios de Ciudadanos no permitían derogar la ley. Ahora tiene mayoría más que de sobra junto a VOX y no hay excusas que valgan. La libertad se demuestra andando.